Los rumores apuntaban a la sustitución del modelo por un concurso público, pero el 28 de agosto el Gobierno ratificaba el convenio con las aseguradoras, que no acaban de estar tranquilas

María Márquez. Madrid
La alarma saltaba en julio. Las entidades englobadas en la Mutalidad de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se enfrentaban una vez más a los rumores que apuntaban al ocaso del sistema. Un medio de comunicación llegó a dar por hecho que el modelo se sustituiría por un concurso público entre las aseguradoras. Pero el 28 de agosto el Gobierno echaba por tierra las especulaciones con la aprobación del nuevo concierto (1.875 millones de euros). Acuerdo bienal y tres nuevas bajas: Igualatorio Médico Quirúrgico Colegial de Santander, Mapfre y Caser. Estos dos últimos se han desligado el pasado 20 de octubre, según sus portavoces por considerar el modelo “inviable y no rentable”.

Así, Adeslas (presencia mayoritaria con 32,65 por ciento del total), Asisa y DKV Seguros se quedan al frente de la asistencia, mientras que fuentes de Muface apuntan a que “no se sabe qué pasará” con Nueva Equitativa. Las quejas de Mapfre y Caser son una opinión unánime del sector del seguro, que ha recibido con reticencias la subida de la prima en un 2,5 por ciento, habiendo estimado en un 20 por ciento el incremento necesario para sostener la asistencia actual.

Murillo, dtor. de Adeslas.

Pese a la consolidación de un modelo con 34 años de historia y del que sólo se desmarcan 237.832 funcionarios en la actualidad, la amenaza del cambio persiste. Javier Murillo, consejero-director general de Adeslas, asegura que tienen la percepción de que “la Administración quiere mantener el modelo, pero la verdad es que algunos cambios que introducen son verdaderamente complejos de asumir y plantean serias dificultades de sostenibilidad”. Si finalmente se cambian las reglas del juego, las voces más pesimistas hablan del fin de la sanidad privada española. José Ramón Santamaría, miembro de la junta de FNCP, va más allá de la importante pérdida de facturación que supondría un concurso público y resalta las consecuencias asistenciales, pues “se incrementaría el colapso actual en cuanto a urgencias y cirugía, entre otras especialidades”.

Si comparamos la prima media que recibe cada entidad (sobre 600 euros) con el gasto sanitario por habitante de cada comunidad autónoma (informe de 2009 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Fadsp), el ahorro que supone el modelo Muface oscila entre los 500 y los 900 euros por persona, correspondiendo los extremos analizados por Fadsp a la Comunidad Valenciana y País Vasco respectivamente, si bien la media está en un ahorro medio de 600 euros.

El último concierto aprobado por el Gobierno asciende a 1.875 millones de euros, un presupuesto tan ajustado que las aseguradoras consideran que “asfixia” al modelo. “La Administración sabe que esta restricción es real, es una diferencia demasiado grande con respecto al Sistema Nacional de Salud como para poder soportar los costes asistenciales. La solución no es poner trabas a los operadores, sino una mayor financiación”, afirma el director general de Adeslas.

¿Qué dicen los trabajadores?

Más del 80 por ciento del funcionariado estatal opta anualmente por ser atendido mediante esta mutualidad. La cifra es irrebatible y la percepción de los trabajadores, positiva para la mayoría, es recogida por los sindicatos. En el caso de Comisiones Obreras (CCOO), Manuel Fages, representante del sindicato en el Consejo General de Muface, es partidario del modelo pero reconoce dos carencias: la cartera de servicios, que dista mucho de los servicios autonómicos, y la asistencia en el exterior. Su homólogo en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Eliseo Moreno, es también un claro defensor aunque reconoce otras dos deficiencias: el déficit de especialistas en núcleos de población pequeños y “la dificultad para enfrentarse a nuevas situaciones como enfermedades, vacunas y fármacos”.

Sus detractores más acérrimos son los representantes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). “Clara discriminación” e “incoherencia” abren el discurso del presidente de la delegación madrileña, Marciano Sánchez Bayle, quien propone que las nuevas incorporaciones al funcionariado pasen directamente a ser atendidos por el SNS, si bien admite el riesgo que supondría para aquellas comunidades autónomas que cuenten con una mayor concentración de población.

via:redaccionmedica